
Dra. Ruth Clavijo-Castillo, Cristina Cedillo-Quizhpe y Freddy Cabrera-Ortiz
Alteridad, 2024, 19(2), 258-269 259
1. Introducción y estado de la cuestión
A partir de los procesos de democratización e
inclusión, se han generado mayores oportunidades
de acceso a la Educación Superior (ES) garantizando
el derecho que tiene todo ciudadano. El propósito
de conseguir una educación para todos, se basa en
la certeza de que la educación contribuye en el pro-
pósito de eliminar las desigualdades, originados por
cuestiones de género, ingresos, condición de disca-
pacidad, etnia, religión, entre otras.
Aunque la literatura ha reseñado ampliamen-
te sobre los conceptos de atención a la diversidad
e inclusión educativa, es necesario reiterar que la
diversidad es una característica inherente de la
sociedad actual, mientras que la inclusión es un
principio que demanda la capacidad de ver la diver-
sidad a partir del respeto a las diferencias, avalando
la participación de todas las personas. La inclusión
y diversidad no radica en pensar exclusivamente en
individuos con características particulares, sino el
reconocimiento del otro. Es un llamado a interpelar,
a nivel social e individual, cómo estamos entendien-
do e interpretando al otro (Montánchez et al., 2017).
Para Langa y Lubián (2021), la atención a
la diversidad forma parte del discurso de inclusión
como características que asegura la educación de
calidad en la ES; en otras palabras, las Instituciones
de Educación Superior, reconociendo su responsabi-
lidad social, además de impartir docencia de calidad
y producir investigación, debe “asumir el mandato
social de ser una referencia de valores y progreso
humano” (García et al., 2017 p. 5).
Atender la diversidad en las aulas universita-
rias es concomitante al fenómeno de expansión de la
ES. En 1970, 1 de cada 10 personas se inscribió en la
universidad, mientras que, en 2017 fueron 40 % de
la cohorte de edad relevante en todo el mundo; sin
embargo, a pesar de la expansión de matrícula, las
disparidades verticales y horizontales persisten en la
ES (Salmi y D’Addio, 2020).
En el Ecuador, gracias al apoyo de la normati-
va, existe un importante avance en atender la diver-
sidad dentro de las universidades. La Constitución
Política del Ecuador (2008), en el artículo 26:
Reconoce a la educación como un derecho de las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludi-
ble e inexcusable del estado, la misma que deberá
ser democrática, incluyente, diversa, de calidad y
calidez, impulsará la equidad, la justicia, la solida-
ridad y la paz. (p.17)
Por otro lado, la Agenda 2030 establece los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su meta 4.3,
plantea “de aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario
a todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad incluida en
la enseñanza universitaria” (UNESCO, 2017, p. 40).
En este contexto, las políticas universitarias
deberán enfocarse en fortalecer capacidades y encon-
trar soluciones a problemáticas sociales, mantenien-
do el impulso de los primeros años que continuaron
a la difusión de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES, 2010), es decir, trabajando para el
mejoramiento de la cobertura de matrícula, enca-
minada a garantizar la paridad de oportunidades,
promoviendo el acceso igualitario mediante “becas,
ayudas económicas, políticas de cuotas o créditos
educativos que busquen atenuar las desigualdades
educativas” (Ramírez, 2012).
A decir de Salmi (2020), los grupos tradicional-
mente excluidos presentan tasas de finalización más
bajas. Estos procesos excluyentes pueden ser ocasio-
nadas en base con el género, clase social, condición
socioeconómica, culto, etnia, orientación sexual y
condición de discapacidad (Booth y Ainscow, 2015).
Si bien estos escenarios han ido cambiando paulati-
namente en Ecuador y América Latina, aún tenemos
varios pendientes. Para Valenzuela y Yánez (2022),
las oportunidades de acceso a la ES no se distribuyen
de manera equitativa; los efectos de la educación se
aprecian a lo largo de toda la vida, acceder, continuar
y concluir la ES contribuye a disminuir las desigual-
dades generadas por el desarrollo.
Atender la diversidad implica buscar y cimen-
tar posibilidades sociales, conlleva eliminar las dife-
rencias, que, en varias ocasiones, son apreciadas
como divergencias las aulas universitarias (Gil y
Morales, 2019). Una ES inclusiva transforma su
organización y funcionamiento, para atender la
diversidad promoviendo cambios en las políticas
prácticas y culturas inclusivas, que propicien el reco-
nocimiento de la diversidad, mediante el intercam-
bio, la participación activa y crítica.
El reconocimiento de una universidad que
trabaja para la inclusión nos debe llevar indefectible-
mente a la identificación de su compromiso con la